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Por Roberto Castro Polanía
robertocastro@radiosur.net

La mayoría de comentaristas en Colombia se han pronunciado contra la medida adoptada por el Gobierno Nacional estableciendo una retribución económica de cien mil pesos mensuales a los jóvenes de Medellín que se vinculen a la red de cooperantes y suministren información eficaz y oportuna que permita desarticular las bandas delincuenciales que tienen asediada a la ciudad.

El conjunto de críticos alega que la medida va en contravía del derecho humanitario pues involucra a los jóvenes en la problemática de la violencia que azota a la capital de la montaña y además les traslada la responsabilidad de la seguridad ciudadana. Es injusto, continúan los analistas, que se coloque a los jóvenes en “la disyuntiva de pillo o sapo”.  Voces como la muy autorizada de Juan Gossain, señalan que la política de reclutar informantes entre la población no tiene un solo ejemplo histórico de éxito sino que, por el contrario, ha sido y es utilizada por las dictaduras de derecha e izquierda para ejercer control abusivo sobre la población, para crear élites de ciudadanos privilegiados, quienes para conservar su posición se convierten en mentirosos profesionales y terminan entregando a sus vecinos y familiares con tal de congraciarse con el gobierno. Las redes de informantes de Stalin llenaron los campos de concentración en Siberia y los informantes de Pinochet los estadios de Santiago con opositores a sus respectivos regimenes.

Respetables puntos de vista emitidos por personas de elevada estatura moral e intelectual. Sin embargo, no por respetables debemos aceptarlos sin tener en cuenta que las políticas que se discuten y se aplican en Colombia deben ser analizadas a partir de nuestra muy peculiar realidad. Aquí se trata de combatir el crimen, se trata de neutralizar a grupos delictivos dedicados al sicariato; así como a grupos especializados en secuestrar y extorsionar a los empresarios pequeños y medianos del campo y la ciudad. Aquí no se trata de perseguir a nadie por sus ideas o por sus posiciones políticas. Se trata de denunciar el asesinato, el secuestro, la extorsión y otras modalidades delictivas propias de nuestra realidad.

Y claro, se trata de incentivar a los jóvenes para que se involucren en la lucha por la seguridad. Es que la seguridad es la condición necesaria para que la gente invierta y los negocios prosperen; para que se empiece a consolidar una oferta de empleo y una estabilidad alrededor de una actividad laboral o empresarial continua. Aquí no se trata de proteger a unos pocos, sino de crear las condiciones para que los colombianos puedan trabajar y estudiar en libertad.

La seguridad es un problema de todos; denunciar al criminal y al corrupto es una obligación ciudadana elemental. Pero resulta que poco a poco se han ido imponiendo los parámetros morales de los pandilleros, incluidos los llamados criminales de cuello blanco, uno de cuyos dictados declara como “sapo” al ciudadano que cumple con el deber de denunciar un crimen. Es la moral del “coma callado”, del “viva y deje vivir” del “no sea sapo” y todas las ideas que hemos dejado prosperar por cobardía y que han terminado por instituir un código del silencio que solo favorece a los violentos y a los corruptos.

Con razón Martin Luther King señalaba que peor que la maldad de los malos es el silencio y la tolerancia de las mayorías, constituidas por gentes de trabajo, honradas pero acorraladas por el crimen y la corrupción. Si es que denunciar al criminal nos convierte en sapos y soplones, pues que cada ciudadano se convierta en un sapo y un soplón para que podamos por fin acorralar al crimen y construir una sociedad donde se respete al que trabaja.